Comisión de ámbito provincial, creada según el artículo 3 del Decreto-Ley del 10 de enero de 1937 por el que se instituye la Comisión Central Administrativa de Bienes Incautados por el Estado.

Estaba compuesta por el Gobernador Civil de Valladolid que actúa como presidente, un Magis­trado de la Audiencia Provincial de Valladolid y un Abogado del Estado, que actuará como Secretario. Según el artículo 2 del citado Decreto-Ley, esta comisión tendría como función principal resolver los nombramientos de administradores de bienes incautados e instruir cuantas medidas de incautación de bienes le sean remitidas en su provincia.

Esta comisión transfirió los expedientes que tenía en su poder al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid en aplicación a la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939.

Fue finalmente derogada el 3 de abril de 1945 con la creación de la Comisión Liquidadora provincial correspondiente.