Esta disposición se implanta a raíz de los abusos ocurridos en los tribunales de la corte. Como consecuencia de la guerra y de la incorporación a Castilla del los territorios pertenecientes a la Corona de Aragón, la aplicación de las leyes generaban gran confusión dando lugar al incumplimiento sistemático de las mismas. Esto, unido al escaso número de ministros en los tribunales, especialmente en los de Castilla y Hacienda, traía consigo el atraso en la resolución de los procesos.

El objetivo de esta ley es establecer un número fijo y permanente de ministros y repartir los negocios en cada tribunal o sala.