Publicado en el BOE el 20 de enero de 1972 con entrada en vigor el 21 de enero. Este decreto que reorganizaba la estructura orgánica del ministerio de Vivienda fue fruto de las conclusiones aportadas por un grupo de trabajo designado por la Presidencia de Gobierno a tal fin. Como resultado de ello se creó un Consejo Superior con funciones consultivas y de apoyo a los distintos departamentos ministeriales. Asimismo, se diferenciaban las funciones que debían asumir la Dirección General de Vivienda (más relacionadas con la planificación) y el Instituto Nacional de Vivienda (ejecución de los planes). Se reforzaban las funciones de la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo y también las de las delegaciones provinciales, con lo que se contribuía a una mayor descentralización.