Publicado en el BOE de 26 de febrero de 1957. El Decreto Ley pretendía acomodar la administración general del Estado a los cambios que se habían producido desde 1939. Recogía una serie de disposiciones que versaban sobre las funciones encomendadas a la Presidencia del Gobierno, a los Ministros, estableciendo la figura del ministro sin cartera, y se creaban ciertos organismos adicionales que se sumaban a los ya existentes. Entre ellos cabe destacar la creación del Ministerio de Vivienda, en el que se integraba el ya existente Instituto Nacional de la Vivienda; la Oficina de Coordinación y Programación económica, dependiente de la Presidencia de Gobierno; la Dirección General de Energía Nuclear, como organismo dependiente del Ministerio de Industria o la creación de una Secretaría General Técnica para el Ministerio de Hacienda.