Desde principio del s. XVII, los jesuitas de la provincia neogranadina consideraron fundamental la creación de un colegio en la ciudad de Maracaibo, debido a su importancia estratégica como puente entre el Nuevo Reino y la isla de Santo Domingo. Al mismo tiempo, su posición en las rutas comerciales del Caribe resultaba de gran utilidad para la exportación de la producción de las haciendas cacaoteras pertenecientes a la orden, ubicadas al sur del Lago de Maracaibo.

En 1660 el sacerdote Alejo Rodríguez Luzardo, natural de Maracaibo, legó todos sus bienes a la compañía con el objetivo de fundar un colegio jesuita en la ciudad. Asimismo, las autoridades civiles marabinas que apoyaban a la presencia de la Compañía en la zona iniciaron en 1720 el proceso exigido por las Leyes de Indias para fundar un colegio jesuita en aquella ciudad. Entre las razones para su creación se encontraban la necesidad de la educación de la juventud y la conversión de las comunidades indígenas circundantes.

Sin esperar el pronunciamiento del Consejo de Indias, se decidió crear una residencia en lugar de un colegio. Haciendo uso de una estrategia común en la época, el general o provincial de la orden aprobó la erección de residencias y domicilios menores como entidades adscritas a otras fundaciones ya establecidas y autorizadas. Según la documentación, la residencia empezó a funcionar entre 1738 y, en 1751, formaban parte de la misma: Manuel Zapata, superior, Andrés Gacría, profesor de Gramática, y Tomás Galart, administrador.

En esa condición, la residencia marabina sobrevivió hasta 1760 cuando, tras una larga serie de demoras y equívocos, la licencia real sería finalmente negada. El dictamen declaraba que la presencia franciscana en la ciudad era suficiente para educar la juventud y al mismo tiempo cuestionaba la presencia de los jesuitas en Maracaibo sin la debida autorización real. Además, se consideraba que la fundación solicitada podría ser altamente perjudicial para los vecinos de aquella provincia, debido al aumento exponencial del valor de los bienes jesuíticos en la zona.

Tras tal resolución, el procurador de la orden solicitó que al menos se reconsiderase la permanencia de los hermanos jesuitas en la ciudad lacustre, a lo cual el rey accedió. Se autorizó la labor de dos jesuitas dedicados a la instrucción y conversión de las familias indígenas en los arrabales de dicha capital.

La presencia de la orden en la provincia tendrá su fin con la expulsión de los jesuitas en la madrugada del 31 de julio den 1767.