Publicado en la Gaceta de Madrid el 20 de julio de 1892. Establecía la composición del Tribunal Supremo; la supresión de las Audiencias de lo Criminal en aquellas poblaciones que no fuesen capitales de provincia y el cambio de nombre en las restantes, que venían a denominarse Audiencias Provinciales. También supuso la derogación del Real Decreto de 11 de julio de 1887 que había separado en juzgados de primera instancia e instrucción de Madrid y Barcelona, el conocimiento de los asuntos civiles y criminales.