El 1 de agosto de 1980 los marqueses de Urquijo, María Lourdes Urquijo Morenés y Manuel de la Sierra Torres, fueron asesinados mientras dormían en su residencia situada en una urbanización de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). La única persona condenada fue su yerno, Rafael Escobedo Alday, que estaba casado con su hija Miryam de la Sierra Urquijo desde 1978.

En 1983 Escobedo fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a una pena de 53 años de prisión, aunque según el parecer de algunas personas no existiera ninguna prueba concluyente que demostrara su culpabilidad, lo que dio lugar a encendidos debates en la prensa y en la sociedad del momento.

Además, el que dio en llamarse "crimen de los marqueses de Urquijo", "caso de los marqueses de Urquijo" o "caso Escobedo" estuvo envuelto en intensas controversias cuando se propagaron especulaciones en torno a la autoría de los asesinatos, pues algunas personas y medios de comunicación apuntaban a que detrás de ellos había complejos intereses empresariales con posibles implicaciones políticas.

La familia Urquijo era propietaria del Banco Urquijo, el valor de cuyas acciones se estaba desplomando en aquel momento, circunstancia que era utilizada por algunos para presionar con el fin conseguir la fusión de dicha entidad con el Banco Hispano Americano, a la que se negaban los marqueses, y que después de su muerte fue autorizada por sus hijos.

Esos debates se avivaron cuando Rafael Escobedo, que en un primer momento había reconocido ser el autor del crimen, negó después haberlo cometido y acusó a un grupo de personas, entre las que se encontraban su propia esposa Myriam y el hermano de ésta, Juan.

Tras la confirmación de la sentencia por el Tribunal Supremo, el 6 de febrero de 1985 Escobedo ingresó en el penal del Dueso. Tras dos intentos de suicidio fallidos apareció muerto en su celda el 27 de julio de 1988 ahorcado con un trozo de sábana de los barrotes de su ventana.

Su fallecimiento también estuvo envuelto en la polémica, pues aunque la autopsia oficial determinó que se trató de un suicidio, un análisis toxicológico reveló la presencia de cierta cantidad de cianuro en su cuerpo, que se achacó a las drogas que Escobedo consumía con frecuencia, cocaína y heroína. Sin embargo, su abogado defendió la tesis de que había sido asesinado apoyándose en el hecho de que la puerta de su celda fue encontrada abierta y en los informes realizados por unos médicos forenses que presentó al juzgado de instrucción de Santoña, que no fueron tenidos en cuenta por la jueza por haber sido hechos sin su autorización. Finalmente la causa judicial abierta por el posible asesinato de Rafael Escobedo se sobreseyó por falta de pruebas.

Además de Rafael Escobedo otras dos personas fueron acusadas de participar en los asesinatos, Javier Anastasio de Espona y Mauricio López-Roberts Melgar, marqués de Torrehermosa.

El primero de ellos, acusado de ser coautor y cómplice del crimen, fue detenido en 1983; sin embargo, un mes antes de celebrarse el juicio escapó de la justicia y se mantuvo en paradero desconocido durante más de treinta años, hasta que se produjo la prescripción del delito.

Por su parte, Mauricio López-Roberts Melgar fue acusado de encubridor y condenado a diez años de prisión en 1990 tras reconocer que había prestado dinero a Javier Anastasio de Espona para huir del país.

El crimen de los marqueses de Urquijo ha sido uno de los hechos delictivos con mayor repercusión mediática de la historia de España. Sobre él se escribieron cientos de artículos de prensa y ha dado lugar a varios libros, novelas, películas y series de televisión.