Licenciado en Jurisprudencia, ejerció como abogado y magistrado. Durante la Guerra de la Independencia fue miembro de la Junta Central Suprema y Gubernativa del reino en representación de Toledo (1808-1810), constituida en Aranjuez en septiembre de 1808 presidida por el conde de Floridablanca, se asimilaba a un senado federal. En esta junta, con otros miembros de tendencia reaccionaria, defendió sin éxito que se priorizara el esfuerzo bélico, debiendo dilatarse la apertura de Cortes Constituyentes.

Precisamente, su incondicional apoyo al absolutismo de Fernando VII le posibilitó una meteórica carrera política, siendo designado alcalde de Casa y Corte del madrileño cuartel de San Isidro (1817) y, fiscal del Consejo y de la Cámara de Castilla, por lo tocante a Cuenca, Murcia, Andalucía, La Mancha y Extremadura excepto el partido de Plasencia (1819- 1820).

Tras el triunfo del pronunciamiento liberal de Riego, el 9 de marzo de 1820, el mismo día en que Fernando VII juró la Constitución de 1812, fue nombrado ministro de Gracia y Justicia, y al día siguiente titular de la cartera de Gobernación de la Península e islas adyacentes, ocupando estos cargos sólo durante unas semanas, hasta el 8 de abril en el primer caso y el 22 de marzo en el segundo, dado el carácter interino de los nombramientos, hasta la organización de los ministerios del Despacho una vez que los liberales ocuparon el Gobierno. Durante el Trienio Liberal (1820-1823) permaneció retirado de la política activa, aunque aceptó la designación de consejero honorario de Estado (1821-1823).

No obstante, la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, las tropas enviadas por la Santa Alianza para restaurar el Gobierno absolutista fernandino, provocó la caída del sistema liberal. A principios de abril el ejército invasor atravesó el Bidasoa, avanzando rápidamente, lo que provocó la huida del Gobierno y de las Cortes hacia el sur, llevándose consigo al Rey. Los partidarios del absolutismo consideraron oportuno que se crease una regencia para gobernar el país hasta la liberación de Fernando VII, constituida el 23 de mayo y formada por los duques del Infantado y de Montemar, el obispo de Osma, el barón de Eroles y Antonio Gómez Calderón.

Éstos designaron cuatro días después un gobierno encabezado por Antonio Vargas Laguna, del que formó parte como ministro de Gracia y Justicia García de la Torre, siendo confirmado en agosto siguiente por el sucesor de Vargas, Víctor Damián Sáez Sánchez-Mayor. Desempeñó este cargo hasta el 2 de diciembre siguiente, cuando se constituyó el gabinete presidido por el marqués de Casa Irujo.

A continuación, en 1826 retornó al Consejo de Estado, permaneciendo en el mismo hasta la irrupción definitiva del liberalismo. Desde 1834 se mantuvo alejado de la política activa, falleciendo en la capital de España cuando aún no había cumplido los setenta y dos años de edad.

Reunió una excelente colección de monedas y medallas, enajenada por sus herederos tras su fallecimiento.