Consulado de comercio que fue aprobado por Real Cédula de 14 de junio de 1795. La petición de los comerciantes data de 1789 y se enmarca en el contexto de creación de nuevos consulados tanto en la Península como en América; con el respaldo del virrey, se logró que el proyecto saliera adelante. Sus objetivos eran bastante ambiciosos ya que debía promover el desarrollo económico de Nueva Granada. Tenía funciones jurisdiccionales en relación a asuntos comerciales y litigios comerciales; igualmente, constaba de una junta de gobierno que debía tomar las medidas necesarias para el estímulo económico de su jurisdicción. Entre los proyectos planteados cabe destacar el mantenimiento del camino entre Santa Fe y el puerto fluvial de Opón o el de los canales fluviales. Por ello, se le concedió la gestión de la avería como manera de lograr los fondos necesarios. Pese a esta actitud tan ambiciosa, el resultado de su gestión fue bastante limitado.