Tras el final Trienio Liberal se inicia la llamada "Década Ominosa" (1823-1833) en la que se pone en marcha en España la represión de las autoridades absolutistas sobre los liberales. Además de la persecución de los liberales se organizaron depuraciones en los empleos públicos en la administración. El propio rey Fernando VII fue el incitador de esta política de represalias. Debido a ello, muchos liberales tuvieron que buscar el camino del exilio para evitar la cárcel y otros se vieron condenados por su forma de pensar, o simplemente desplazados de la administración por su falta de fidelidad al absolutismo.

Entre los organismos que se pusieron en marcha para llevar a cabo la depuración de quienes habían colaborado con el liberalismo, estuvo la Junta de Purificaciones, destinada a depurar a los servidores del Estado.

A nivel provincial, se crearon las Juntas de Purificación, que tenían por objeto la depuración de todos aquellos funcionarios, empleados públicos, así como de maestros y profesores, de ideología liberal, imponiéndoles diferentes penas, que pasaban desde la suspensión del salario hasta la cárcel y la expropiación de bienes, llegando en algunos casos hasta la condena a muerte. Su único delito, el haber colaborado, en mayor o menor medida, con las autoridades durante el Trienio Liberal (182'-1823).

Entre 1823 y 1832 se produjeron más de dos mil depuraciones de funcionarios de las administraciones central y provincial. El número es ciertamente elevado, pero si se tiene en cuenta que los funcionarios que fueron objeto de investigación fueron alrededor de 23.000, la cifra se relativiza, pues solo el 10 por ciento de la función pública que existía en 1820 fue rechazada.