A partir del momento en que José Bonaparte recobra la corona en enero de 1809 y se produce su segunda entrada en Madrid, el rey José I, decide emprender la tarea de organizar su gobierno y poner en marcha la reforma de la Administración española.

Una de sus primeras decisiones fue la creación de unos comisionados regios para las provincias para poner orden en las zonas bajo control de los mariscales napoleónicos.

Así, un decreto de 6 de febrero de 1809 divide España en comisarías regias: los comisarios regios serían los encargados de establecer el punto de unión entre la administración central y la administración territorial -intendencia y prefecturas- en las provincias y regiones que se consideraban sometidas.

Los comisarios regios tenían facultades de todo orden, desde las meramente vigilantes e informativas y a la necesidad perentoria de establecer un puente continuo entre los poderes central y provincial y hasta local, a la recomendación de influir eficazmente en la opinión pública del consiguiente lugar, y hasta la potestad delegada de remover o suspender autoridades remisas e instalar provisionalmente nuevos titulares del poder territorial. Para realizar su cometido los comisarios regios contaban con el auxilio armado del ejército francés.

La comisaría regia más destacada fue, sin duda, la que ejerció el conde de Montarco para las Andalucías, al lado del mariscal Soult. El conde de Montarco tuvo bajo su control no solamente a todos los prefectos e intendentes del Mediodía español, sino también a otros comisarios regios.

El Archivo Histórico Nacional conserva una serie de libros registro de decretos y órdenes expedidos por el conde de Montarco, Comisario regio de las Andalucías. Actualmente este fondo se custodia en la sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional y llegó allí junto con la documentación del Consejo de Castilla.