Su origen legislativo radica en el Real Decreto de 21 de abril de 1834 que creó jueces letrados con el nombre de jueces de partido atribuyéndoles el ejercicio de la jurisdicción que antes correspondía a los alcaldes ordinarios de los pueblos. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 intentó separar la instrucción del fallo atribuyendo aquella a jueces específicos llamados de instrucción y creando tribunales de partido compuestos de tres jueces letrados para conocer en única instancia, con juicio oral y público, de las causas por delitos castigados con pena. Esta división de funciones no llegó a desarrollarse, volviendose a la situación creada por el Real Decreto de 1834, atribuyendo a los jueces de partido la competencia en materia de instrucción y correspondiendo el fallo y conocimiento a las Audiencias Provinciales. Razones económicas impusieron que los Juzgados de primera instancia e instrucción estuvieran desempeñados por un solo funcionario, situación que se mantuvo hasta 1973.