Institución
Real Cancillería de los Reyes de Aragón
desde 1257 hasta 1727
Desde el siglo XIII los reyes de Aragón cuentan con una cancillería organizada, regulada por sucesivas ordenanzas, en parte inspiradas en las normas al uso en la cancillería pontificia. Preside la cancillería el canciller, y cuenta, además, con un vicecanciller, un guardasellos o protonotario del sello, varios notarios y escribas; también, con otros empleados subalternos, para oficios como escalfar los sellos, llevar el registro, etc.
Este registro funciona en Aragón desde el año 1257, bajo el rey Jaime I, donde se copian los documentos emanados por el monarca en orden cronológico. El rey Jaime II destina dos cámaras del palacio Real de Barcelona a sede del Archivo Real en el año 1318, dónde pasan a depositarse los registros de la Cancillería aragonesa, reuniendo así la documentación hasta entonces dispersa en varios depósitos.
El monarca Pedro el Ceremonioso convirtió el Archivo Real en una oficina permanente de trabajo documental. Nombró archivero a su escribano Pere Perseya en 1346, y fijó su funcionamiento en las Ordenanzas de 1384. En el archivo se fueron depositando de manera bastante sistemática, y sin solución de continuidad hasta 1727, los registros producidos por la cancillería del rey y de sus lugartenientes.
El cargo de Canciller fue creado por Jaime I. En un principio tuvo confiada la conservación y aplicación del sello real. Por lo general el cargo era otorgado a un obispo, teniendo la consideración de primer consejero del soberano. Presidía la Audiencia y la Cancillería regia, y el Consejo Real en ausencia del monarca. Atribuciones de este cargo eran las de leer, rubricar y despachar los documentos de la Cancillería regia.
Los registros administrativos producidos por la Real Cancillería llegaban al Archivo Real clasificados por series y numerados. Hasta el siglo XV los registros fueron únicos para todos los reinos y territorios de la Corona de Aragón, con series especiales para Cerdeña, Mallorca, Sicilia y Nápoles. La unidad se quebró en el siglo XV cuando se individualizan los registros del Reino de Valencia (1419) y los del Reino de Aragón (1461) que se remiten a los archivos reales respectivos de Valencia y Zaragoza, quedando en el de Barcelona las series de Cataluña, Mallorca y Cerdeña.
La entrega de los registros al Archivo Real no siempre se efectuó de manera sistemática y de acuerdo a los mismos criterios, por lo que, por ejemplo, registros que normalmente hubieran ido al Archivo Real de Valencia fueron a parar al de Barcelona, y viceversa.
Por otra parte, desde 1620, los registros tramitados en la Corte por el rey y su Consejo dejaron de enviarse a los archivos reales correspondientes, y en parte pasaron más tarde al Archivo General de Simancas.
El fondo documental de la Real Cancillería de los Reyes de Aragón se custodia en el Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona). Fondos semejantes se conservaban en los restantes archivos del rey de Aragón, sobre todo en el Archivo del Reino de Valencia y en el Archivo de Estado de Palermo y de manera más fragmentaria en el Archivo de la Diputación de Zaragoza y en el Archivo de Estado de Nápoles. Un número importante de registros se conserva todavía en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y otros registros aislados en otros Archivos y Bibliotecas, como la de la Academia de la Historia, o el del Vaticano.