Los Registros de la Propiedad fueron instituidos por la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861, asumiendo las funciones que hasta ese momento ostentaban los Registros de Hipotecas, estableciendo una oficina y un registrador en cada Partido Judicial. El antecedente del Registro de la Propiedad lo encontramos en la legislación castellana en la Pragmática de 21 de Diciembre de 1423, en la que se ordena que los Contadores Mayores lleven libros especiales para inscribir las mercedes de fincas. En 1539 los Reyes D. Carlos y Dª Juana crearon un Registro de Censos, hipotecas y cargas reales de la propiedad inmueble, que se colocó bajo el amparo de los Ayuntamientos, estos Registros se situaron en las ciudades, villas o lugares cabeceras de jurisdicción. Felipe V, por auto acordado de 11 de Diciembre de 1713, los estableció en todos los municipios y la Pragmática de 31 de Enero de 1768 de Carlos III los trasladó a los pueblos cabecera del Partido Judicial. Desde su establecimiento por la Ley de 1539, los registros eran secretos "el tal registro no se muestre a persona alguna, sino que el Registrador pueda dar fe si hay o no algún tributo o venta, a pedimento del vendedor". El Registro de la Propiedad instituido, basó su función en la publicidad del tráfico inmobiliario. Son de inscripción obligatoria los actos y contratos notariales relativos al dominio y a los derechos reales sobre fincas.