Una de las consecuencias de la guerra civil española fueron las purgas políticas que los dos contendientes acometieron entre el personal funcionario desde el comienzo de la contienda en sus respectivas zonas. Inicialmente fueron las respectivas autoridades de militares las que realizaron esta tarea, estableciéndose un Juzgado Militar Especial de Depuración de Funcionarios Civiles en la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación. La intervención de la jurisdicción militar sobre los funcionarios no fue incompatible con la jurisdicción civil, o mejor dicho administrativa, con la conformación de juzgados específicos en el ámbito de la administración pública que examinaba la ideología del encartado, así como su comportamiento laboral a lo largo del conflicto. Si los jueces militares podían imponer sanciones penales, llegando a la privación de libertad, la segunda imponía exclusivamente sanciones disciplinarias, las cuales podían acarrear como sanción máxima la separación permanente del servicio. Estos juzgados administrativos fueron creados desde el principio por la Junta Técnica de Estado, teniendo continuidad con el primer gobierno de Franco en enero de 1938. En este sentido, la Ley de 10 de febrero de 1939 vino a sistematizar la normativa para la depuración de funcionarios públicos, una vez que el ejército nacional acaba de entrar en Barcelona. En el primer artículo de esta ley se ordenaba el establecimiento por cada ministerio de la administración del estado un juzgado que investigase la conducta de todos los funcionarios con el propósito de tener un cuerpo funcionarial fiel a los principios políticos del Movimiento Nacional que iban a regir la administración española. En el Ministerio de la Gobernación se establecieron tantos juzgados como direcciones generales existentes, como el de Seguridad, Sanidad o Correos, que es el que nos ocupa. Bajo la dependencia directa del director general de Correos y Telecomunicación, el juzgado de depuración, situado primero en Valladolid, y posteriormente en el Palacio de Comunicaciones de Madrid, se organizaba en dos secciones, una por cada ramo, extendiendo su jurisdicción administrativa hacia empresas concesionarias de servicios de comunicaciones como Telefónica. Entre 1939 y 1941 hubo tres jueces especiales. Jerónimo Maíllo Sánchez, Luis Alonso Luengo y Leopoldo Duque Estévez, que habían sido jueces de primera instancia. Una vez mitigado el furor represor, Gonzalo Queipo de Llano y Buitrón, juez de primera instancia e instrucción y sobrino del general Queipo de Llano, ocupó esta plaza. Los jueces especiales designaron jueces instructores entre los propios funcionarios de Correos que tuviesen estudios de Derecho o bien experiencia en la tramitación de expedientes disciplinares. Inicialmente hubo 5 jueces instructores hasta quedar en uno solo en 1942 cuando el 98 por ciento de los expedientes habían sido resueltos. El juzgado de depuración contaba además con una secretaría cuya función era coordinar la labor de los juzgados instructores. Esta secretaría actuaba estrechamente con la Jefatura de Información de Correos, adscrita a la Sección de Personal. Pese a que el juzgado depurador de Correos apartó y sancionó a 4.555 personas, esto es, un 34,63 por ciento del funcionariado, el juzgado se mantuvo durante las siguientes décadas para tramitar las solicitudes de revisión que eran rechazadas. En 1967, el juzgado bajo la presidencia de Vicente Sancho Artola, siendo el director de Correos León Herrera Esteban, empezó a revisar favorablemente las solicitudes de reingreso. El Decreto ley de 3357/75 de 5 de diciembre revocó la antigua Ley de 1939, ordenándose la revisión de oficio. El Real Decreto-Ley 10/76, de 10 de julio, sobre amnistía vino a cerrar todo el proceso reintegrador del personal sancionado 40 años antes por la Dictadura.