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La mayoría de los documentos está relacionada con el expediente de responsabilidades políticas instruido contra Marino Gamboa Ucelay tras la guerra civil. Se formulan contra él las siguientes acusaciones:
Ser representante y agente comercial del gobierno vasco en el extranjero y representante de la flota mercante de España en Londres designado por el gobierno de la República.
Se le acusa de colaborar en la salida de España de varios buques de la marina mercante matriculados en el puerto de Bilbao que después de la guerra seguían en poder gobierno republicano.
Se le acusa de haber facilitado la huida de Indalecio Prieto a Francia después del fracaso del golpe de Estado de 1934.
Se le acusa de haber arrendado a colaboradores del presidente Juan Negrín el yate Vita, del que era propietario.
Se le acusa de militar en el PNV y de colaborar activamente con el mismo y de haber comprado armas y municiones utilizadas por las milicias nacionalistas vascas y el ejército republicano.
Fue condenado en primera instancia por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Bilbao a pagar una multa económica de 500.000 pesetas (sentencia de 31 de mayo de 1940).
Se presentó recurso ante el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que confirmó la sentencia anterior, aunque reduciendo la pena a 450.000 pesetas (sentencia de 17 de junio de 1940).
Con el fin de satisfacer la responsabilidad civil la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Vizcaya dispuso el embargo de las empresas y propiedades que Marino Gamboa poseía en Vizcaya, así como bienes muebles y activos financieros (cuentas bancarias, acciones, valores y participaciones en empresas).
Los abogados de Marino Gamboa presentaron testimonios y pruebas con el fin de acreditar que éste participó en las gestiones que se hicieron ante el embajador del gobierno nacionalista en Londres, el duque de Alba, para recuperar los buques mercantes españoles.
Se solicitó la concesión de indulto mediante un escrito dirigido al Jefe del Estado fechado el día 1 de marzo de 1947 y se reiteró la solicitud por otro escrito del día 21 de noviembre de 1951.
Por un decreto de indulto de 28 de marzo de 1952 la pena fue rebajada a la cantidad de 200.000 pesetas.
Con fecha de 9 de agosto de 1952 se presentó otro escrito solicitando el perdón total de la pena.
Por otro decreto de indulto de 26 de febrero de 1954 se concedió la remisión total de la pena.
Contiene correspondencia de los abogados y administradores de Marino Gamboa y otros documentos relacionados con los procesos, los recursos, las solicitudes de indulto y el embargo de los bienes de Marino Gamboa.
También contiene documentos sobre el embargo de fincas situadas en Lekeitio (Vizcaya) y de la fábrica textil Hilados Ibaizábal, S. A., con sede en Arrigorriaga (Vizcaya), de la que Marino Gamboa era accionista mayoritario.
Asimismo, hay documentos sobre la presunta comisión de un delito monetario por parte de Marino Gamboa que no tienen relación con el expediente de responsabilidades políticas, ya que éste lo instruye el Tribunal Especial de Delitos Monetarios.
Por último, también hay documentos relativos a un pleito civil de mayor cuantía por una demanda presentada por la Sociedad Anónima Tejera Matico contra Marino Gamboa sobre la cancelación total de una hipoteca constituida por la primera a favor del segundo sobre quince fincas que eran propiedad de la citada sociedad.