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Desde su creación las chancillerías gozaron de la competencia de reconocer la posesión pacífica de las hidalguías mediante la expedición de las reales provisiones ejecutorias. Estos documentos constituían el principal testimonio probatorio de la calidad del hidalgo y su linaje ante los ayuntamientos, órganos autores de los padrones de pecheros. Un vez culminado el proceso probatorio era reconocida la condición de hidalgo, permitiendo que el beneficiario o los beneficiarios y sus descendientes pudieses ejercer cargos públicos y estar exentos de impuestos. Para lograr la ejecutoría el solicitante debía de probar que tanto él como sus antepasados en tres generaciones eran hidalgos notorios, libres y exentos de pechar y contribuir.