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Este expediente incluye la documentación del 4º Congreso de Munich que marcó profundamente los últimos lustros de la Dictadura de Franco, al bloquear la integración de España en las Comunidades Europeas y unir a las distintas fuerzas políticas o corrientes de oponión opuestas al regimen de Franco.

Entre el 7 y el 8 de junio de 1962 se desarrolló el IV Congreso del Movimiento Europeo en Múnich al que asistió el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Esta organización creada en 1949 aglutinaba a buena parte del europeísmo ligado a los círculos del exilio español. El presidente del Movimiento Europeo, Maurice Faure (1922-2014), promovió que el Consejo Federal Español invitase a seguidores del europeísmo del interior de España como Jose María Gil Robles, Fernando Álvarez de Miranda o Dionisio Ridruejo al Congreso de Munich. Los asistentes españoles al encuentro elaboraron un documento conjunto que exigía la recuperación de la democracia y el respeto a la Carta de los Derechos Humanos de la ONU como requisito previo para que cualquier negociación de integración en las organizaciones comunitarias. El documento fue elevado al Congreso y aprobado por unanimidad. Este acuerdo supuso la quiebra definitiva de las aspiraciones de integración de España dentro de la Comunidad Económica Europea, al ser considerado como un país no democrático, a la par que desató un movimiento represivo sobre los círculos de oposición de centro y derecha no ligados al partido único de la dictadura, el Movimiento Nacional.

El cónsul general de España en Múnich dictó por teléfono al Ministerio de Asunto Exteriores las los puntos de la resolución del texto aprobado que apostaba por instituciones representativas para los españoles del cual emanase un gobierno legítimo, el reconocimiento de nacionalidades históricas, la libertad de opinión y el fin de la censura, la pluralidad política y la libertad de sindicación y el derecho a la huelga. Esta última petición recogía las demandas planteadas por el movimiento huelguístico que se inició por los mineros asturianos, pero que se extendió por las principales zonas industriales del país afectando a unos 300.000 obreros.

La represión demostraría una vez la cara de la dictadura franquista: detenciones, torturas, cárcel y deportaciones. En el caso de los políticos que acudieron a Múnich fueron deportados a Fuerteventura, otros fueron enviados al exilio. Con los obreros se optó por soluciones más duras: cárcel y deportaciones. En cualquier caso, las huelgas obreras de la primavera y verano de 1962 y encuentros como el promovido por el Movimiento Europeo forzaron a la dictadura a ciertos cambios. La censura dejó de ser previa; los obreros pudieron elegir parcialmente sus representantes en las empresas; se constituyó el Tribunal de Orden Público para sustituir a la vieja jurisdicción especial represión de masonería y comunismo; y se inició la redacción de un texto legal, la Ley Orgánica del Estado, que pretendía pasar por constitucional. Las reformas realizadas por la dictadura nunca alcanzaron los mínimos exigibles para una democracia europea.