Archival History:
Estos fondos tienen doble procedencia. Por una parte está la documentación que se generó en el Ministerio de Ultramar durante la anexión. Por otra, los papeles procedentes de la Capitanía General de Cuba, los cuales al perderse la isla en 1898, se enviaron a la Península, ingresando en el Archivo Histórico Nacional, en calidad de depósito, por Real Orden de 23 de julio de 1900. Esta documentación es la cruzada entre las autoridades de Santo Domingo y Cuba y la relacionada con la Administración de Santo Domingo que fue trasladada a Cuba en el primer abandono de la isla, a raíz del Tratado de Basilea.
Biography / Administrative history:
Al finalizar el siglo XVIII se llevó a ejecución el Tratado de Basilea por el cual la parte española de la isla de Santo Domingo es cedida a Francia. Sigue un largo periodo de inestabilidad en que los dominicanos querían liberarse del dominio haitiano. Ya desde 1838 había grupos que querían la anexión a Inglaterra, Francia o España.
En 1859 el general Felipe Alfau viajó a España para gestionar un protectorado con la Reina Isabel II. El general Pedro Santana escribió una carta a la reina en la que le expresaba su interés en la anexión a España.
Mediante un acuerdo con el general Santana, por Real Decreto de 19 de mayo de 1861, se dispuso la reincorporación a la Monarquía Española del territorio que constituía la República Dominicana; así mismo, se encomienda en su artículo 2º al gobernador capitán general de Cuba, el dictar las disposiciones oportunas para la ejecución de este Decreto. Por Real Decreto de 6 de octubre de 1861, se crean en Santo Domingo una Real Audiencia y alcaldías mayores, restaurando así la que existió antes, pero sólo para la administración de justicia, según dice en el preámbulo, pues como consecuencia del régimen constitucional, la organización judicial se independizó de la organización administrativa.
En 1863, los nacionalistas dominicanos inician la Guerra de la Restauración que terminó con la victoria dominicana y en 1 de mayo de 1865, se dictó una Ley derogando el Real Decreto de 19 de mayo de 1861 por el que se declaraba anexionado a España aquel territorio.