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La mayoría de los documentos son fichas que contienen principalmente nombres propios, filiación, procedencia, nombre de prisiones en las que estuvo, fechas y motivos de la pena impuesta a los reclusos. De acuerdo a la legislación, los Directores y Jefes de las Prisiones debían remitir las fichas correspondientes a los reclusos que se hallasen en el Establecimiento de su respectivo cargo, sin omitir ninguno de los datos que en ellas debía consignarse. Cada ficha sería autorizada con la firma del Director o Jefe y lleva el sello de la Prisión y la fecha de salida de ésta.

Tras la guerra civil española, el régimen franquista emprendió toda una amplia reforma legislativa encaminada a dar forma y garantizar el régimen represivo impuesto durante los años de guerra (1936-1939). Para ello promulgó un conjunto de órdenes, decretos y leyes (Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939, reformada el 1942 y derogada en 1945, aunque vigente hasta 1966; Ley de represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, vigente hasta el 1964; la de Causa General de abril de 1940; la Ley de Seguridad del Estado de 1941; el Código Penal franquista de 1945; y la Ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo, de 1947).

La construcción jurídica de la represión política se materializó en un entramado institucional especializado y coordinado: los Consejos Guerra, la Ley de Depuración de Empleados Públicos, las Juntas de Incautación de Bienes, el Tribunal Especial contra la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y, más cercano en el tiempo, el Tribunal de Orden Público. Todo ello permitió reconocer y amparar las acciones y procesos (por lo general de urgencia) emprendidos por tribunales militares, que llevaron a prisión a decenas de miles de españoles y españolas.

Por medio de los Consejos de Guerra de urgencia y sumarísimos  procesaban decenas de personas al día sin posibilidad de defensa, con penas comprendidas entre años de prisión a cadena perpetua o la pena de muerte. A través de la información que nos proporciona este Registro-Índice se puede estudiar el número de procesados, los motivos, la extensión o gravedad de las penas, y la localización y movimientos de los reclusos en las cárceles.