Historia Archivística:

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Ministerio de Ultramar (España)

Alcance y Contenido:

Publicamos en este Inventario los documentos de la Primera División de fondo de Gracia y Justicia de Puerto Rico, que se hallan integrados en la sección de Ultramar del Archivo Histórico Nacional. Las competencias de este fondo son, referidas a Puerto Rico, las mismas que comprendía el Ministerio de Gracia y Justicia para la Península. Por ello, tras diversas reorganizaciones, en 1892, dentro del antiguo Ministerio de Ultramar, la Dirección General de Gracia y Justicia constituye la Sección 2ª, integrada por los negociados siguientes: - Carrera Judicial y Fiscal. - Registro Civil y de la Propiedad. - Notariado. - Administración de Justicia en Materia Civil. - Administración de Justicia de lo Criminal. - Asuntos eclesiásticos. Las fechas de los expedientes abarcan todo el siglo XIX, siendo mucho más abundantes los de su segunda mitad. En ellos quedan reflejadas las profundas transformaciones que todas las instituciones jurídicas españolas sufren a lo largo de esta centuria. Ejemplo de ello es la evolución experimentada por la Administración de Justicia, a la que se refiere una parte muy importante de estos fondos. Hasta 1828 la jurisdicción ordinaria es ejercida en Puerto Rico por el gobernador, su teniente asesor, los seis justicias mayores, el alcalde de la capital y los de las cuatro villas de San Germán, Arecibo, Aguada y Coamo, pero al crearse la Real Audiencia por Real Cédula de 19 de junio de 1831, asume este Tribunal Superior la Administración de Justicia, ayudado por los alcaldes mayores establecidos en las diversas ciudades. Toda la evolución y perfeccionamiento de este Tribunal, la creación posterior de las Audiencias de Mayagüez y Ponce y de los Juzgados de 1ª Instancia y Municipales, así como el ejercicio de sus respectivas profesiones por el personal de estos organismos, puede seguirse minuciosamente a través de la documentación contenida en este Inventario. También se contiene lo referente a la actuación de abogados y procuradores que obtienen su colegiación, los primeros por Real Orden de 31 de diciembre de 1839, que da lugar a la fundación de su Colegio el 27 de junio de 1840, y los segundos por Real Orden de 19 de enero de 1893. Se conservan los Estatutos y el Reglamento del Montepío de Abogados, editado en Puerto Rico en 1872, y los Estatutos para el régimen del Colegio de Procuradores, también editados en Puerto Rico en 1894, así como la documentación referente a don Benito Alfonso Díaz Páez, primer estudiante que termina su licenciatura en Puerto Rico y del que se custodia la solicitud de dispensa del tiempo de prácticas para obtener el título de abogado, y listas de abogados del Ilustre Colegio de Puerto Rico, correspondientes a los años 1866 a 1891. Paralelamente a la reorganización de la Administración de Justicia en la isla, fue el cambio completo que experimentó la institución del Notariado, acabándose con el sistema de enajenación por medio de subasta, a perpetuidad o de por vida, para la provisión de los oficios de la fe pública, creándose una verdadera institución con garantías de ciencia, responsabilidad y permanencia. El Decreto-ley de 29 de octubre de 1873 publica la Ley del Notariado, que regirá en lo sucesivo en Cuba y Puerto Rico, y ya el 12 de mayo de 1874 se establece el Colegio Notarial de Puerto Rico, cuyo Reglamento y el de su Montepío se publican en 1875. También son muy abundantes los datos que sobre esta institución encontrará el investigador en el Inventario no solamente sobre su creación y funcionamiento en los diversos lugares de la isla, sino respecto a las personas que desempeñaron las notarías, cuyos expedientes personales, juntamente con los correspondientes a los funcionarios de las carreras Fiscal y Judicial (unificadas en la Península y en Ultramar por Ley de 19 de agosto de 1885), constituyen una rica fuente de datos biográficos. Posteriormente al Notariado se reglamenta en la isla el Registro de la Propiedad, para sustituir a las antiguas Anotadurías de Hipotecas, que se e
stablece provisionalmente por el Real Decreto de 28 de febrero de 1879, haciéndose ya en este año y en el siguiente la primera provisión de su personal, conservándose la documentación de los aspirantes a estas primeras plazas. Más tarde tuvo lugar la creación del Registro Civil. Por Real Decreto de 8 de enero de 1884 se extiende a Cuba y Puerto Rico, con ciertas modificaciones, lo prescrito para la Península por la Ley de 17 de junio de 1870, con efectividad de 1 de enero de 1895, regulándose las importantes funciones del Registro Civil. Aparte de todo lo referente a la administración de justicia y ordenación registral, el otro gran tema que puede estudiarse en este Inventario, es el de las cuestiones eclesiásticas, derivadas fundamentalmente del ejercicio por parte de los monarcas españoles del derecho de patronato en Indias, en virtud del cual no podía erigirse catedral, monasterio, parroquia o iglesia sin real licencia, debiendo nombrarse los arzobispos y obispos mediante presentación del rey a Su Santidad y otorgarse las dignidades y prebendas por presentación a su prelado. Así se conservan las bulas originales de nombramiento de algunos obispos de Puerto Rico, cuyos detalles pueden identificarse en el índice de materias, y datos biográficos de otros varios prelados, como, igualmente, expedientes de interés sobre reedificación de la catedral, creación del Seminario Conciliar, erección de parroquias en muchos pueblos de la isla, existencia de cofradías, nombramiento de prebendados de la catedral, párrocos, etc. El manejo de este Inventario está facilitado por la existencia de índices de personas, lugares y materias. Se ha pretendido, hasta el límite de lo posible, agrupar los expedientes por materias y siguiendo un orden cronológico, de forma que cada uno de los diferentes temas se repite alternativamente en el transcurso de los años. Esta ordenación queda reflejada en el índice topográfico de materias que se incluye al final del libro. Si bien puede afirmarse que esta Primera División de fondo de Gracia y Justicia de Puerto Rico constituye un bloque documental bastante completo y homogéneo, con multitud de datos inéditos para los historiadores de este tema en el siglo XIX, ello no es óbice para significar la utilidad de consultar el Archivo del Ministerio de Justicia de Madrid, en donde, además de datos sobre obispados de Puerto Rico, se encuentran en la Serie de la Dirección General de Justicia: Personal, antecedentes de funcionarios que desempeñaron puestos en la Península y en la isla, y el Archivo General de Puerto Rico, de cuya Guía, redactada por Luis M. Rodríguez y Morales, y editada en Puerto Rico en 1964, tomo los siguientes datos: Departamento de Justicia. Archivos Históricos del Departamento de Justicia. Años 1883-1944: - Expedientes personales de abogados y notarios. - Organización y Gobierno de los Tribunales. - Historia Judicial de la isla. - Aplicación y funcionamiento en la isla de las leyes sobre Registro de la Propiedad y Civil. Departamento de Justicia. Penitenciaría Estatal. - Expedientes de confinados, años 1800-1920. Municipios. Libros de actas y Registros. Tribunal Supremo de Puerto Rico. Administración de Tribunales. - Archivos de la Real Audiencia de Puerto Rico, años 1832-1899. - Tribunal Superior de San Juan, años 1832-1898. - Libros del Registro Civil, años 1885-1929. Finalmente, en la Sección de Ultramar de este Archivo Histórico Nacional, y como complemento de la documentación contenida en este Inventario, pueden consultarse con utilidad los siguientes libros: - Libros-copiadores de Reales Ordenes de Gracia y Justicia, años 1841-54 (sig. 307 a 311). - Libros-copiadores de Reales Ordenes de la Dirección General de Ultramar y Ministerio de Ultramar, años 1841-97 (ig. 317 a 324 y 332 a 512). - Dirección General de Gracia y Justicia. Personal de las carreras Judicial y Fiscal de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, años 1883-98 (sig. 646 a 649). - Estadística de la Administración de Justicia Civil y Cri
minal en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, año 1895 (sig. 640)

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