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'Las cuestiones litigiosas en interés de la Diputación se entregaron primero a los doctores de la Real Audiencia. En 1702 se estableció un tribunal especial, que funcionó pocos años, formado por el Regente la Cancillería, los dos magistrados más antiguos de la Audiencia y los presidentes de los tres Brazos. El Procurador general, que se ve citado en 1512, seguía los autos y procesos de la Generalidad ayudado por un abogado fiscal y dos letrados asesores. A estos últimos se les consultaba los asuntos jurídicos de toda especie. El Consistorio estaba facultado para entender en los delitos de defraudación, infidelidad y demás cometidos por sus empleados en el ejercicio de su cargo' (González Hurtebise, Guía..., pp. 165)