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Inocencio IV ordena al arzobispo de Tarragona y las jerarquías eclesiásticas de esta provincia que emitan sentencias de excomunión contra todos aquellos, que invadan y retengan las posesiones, bienes y casas de Rueda y detenten los bienes que les hayan sido legados a los frailes por testamento, y contra aquellos que les dictén sentencias de excomunión o interdictos, en contra de los indultos apostólicos, o cobren décimas de lo que produzcan con sus manos en las tierras habidas ante del concilio general, estableciendo además que si los malhechores son clérigos se suspenderán de oficio y beneficio y la sede apostólica dictará la pena, sin posibilidad de apelación.