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El arquitecto Juan Rom, continúa sus quejas contra las autoridades de Manila y pide que el contenido del conflicto de la cárcel pase íntegro al Gobierno Supremo.
El Ministerio de Ultramar remite al presidente del Consejo de Estado el extracto del expediente que ha reclamado para resolver la demanda interpuesta por Sixto Ejada Obispo, contra la Real Orden de 26 de abril de 1867 que le declaró incurso en ciertas responsabilidades como contratista de las obras de la cárcel.
El gobernador superior civil, remite el incidente a que ha dado lugar una comunicación del Tribunal de Cuentas, reclamando el extracto de las diligencias fijando responsabilidades de funcionarios y particulares, en el expediente instruido por faltas y abusos cometidos en la administración de fondos destinados a la construcción de la cárcel.
El arquitecto Juan Rom, interpone recurso de queja contra la inacción de la autoridad superior de Filipinas y contra las Reales Ordenes de 26 de febrero y 26 de abril de 1867, que le declaran cesante del destino de arquitecto de Hacienda.
El arquitecto Antonio Moraleda, remite la instancia en defensa de la causa criminal en que fue incurrido por fraudes en la obra de la cárcel.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, remite copia de la sentencia dictada contra Juan de Lara, superintendente de propios y arbitrios de Filipinas, por haber intervenido en el curso de la construcción de la cárcel y de la sentencia en el pleito sobre la revisión solicitada por Sixto Ejada Obispo.