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Sin periodicidad regular, el Consejo de Inquisición ordenaba inspeccionar el funcionamiento de los Tribunales de distrito. Para ello, elegía a un inquisidor de otro Tribunal y le encomendaba dicha misión. Recibía el pertinente nombramiento del Inquisidor General y un interrogatorio a efectuar. Se presentaba en el Tribunal y procedía a interrogar al personal. También fiscalizaba asuntos diversos como la correcta tramitación de los procesos, su conservación, revisaba las cuentas, etc. Al finalizar la visita, presentaba un cuaderno de cargos con los errores que debían ser atajados. Se indicaban las personas que habían incurrido en dichas irregularidades, las cuales tenían la posibilidad de presentar descargos y testigos de abonos.