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Se trata de expedientes tramitados en la Secretaría del Despacho para la Gobernación de la Península, originados con motivo de establecer la Constitución de Cádiz que todas las Juntas cesasen en sus funciones, y que las provinciales además fuesen sustituidas por las Diputaciones provinciales correspondientes. Además, el capitán general pierde el mando político de las provincias, sustituido por los nuevos jefes políticos de designación real, que pasaban a presidir las Diputaciones provinciales. Esta situación de transición, que derivó en la convivencia entre las nuevas instituciones de gobierno y las antiguas, dio lugar a problemas de corte político cuya resolución correspondía a la Secretaría del Despacho para la Gobernación de la Península.