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Procedimiento de venta pública utilizado durante la fase de ejecución de un proceso jurisdiccional con el fin de realizar los bienes embargados del deudor, o lo que es lo mismo, de hacerlos líquidos o convertirlos en dinero. Se trata de una enajenación forzosa que realiza el órgano jurisdiccional en nombre del Estado, y su objetivo último es conseguir el mayor precio posible y evitar así la depreciación de los bienes en beneficio de quien debería haber saldado la deuda.
Se origina por pleitos o embargos, realizándose ventas judiciales en pública subasta.