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Aunque la elaboración de la normativa legal corresponde al Gobierno Supremo, las disposiciones dirigidas a difundir y aplicar la legislación en el Archipiélago se encomendaba al gobernador general. también, en los casos urgentes, el Inspector general de Montes podía adoptar medidas extraordinarias, dando cuenta al gobernador general y los gobernadores o Jefes de las provincias tenían atribuciones para dictar algunas disposiciones sobre el servicio ordinario de aquellas; como así mismo las Juntas provinciales tenían encomendada la elaboración de los reglamentos para las Juntas locales. En los expedientes de esta serie, además de las Reales Órdenes y Decretos dictados para regular los asuntos de Montes, se encuentran los incidentes que dieron motivo para su elaboración, las propuestas de modificación o nulidad de alguna norma o las consultas sobre la interpretación de disposiciones, así como los Decretos expedidos por el gobernador general que se ponían en vigor con carácter provisional hasta que llegaba la superior aprobación, y los antecedentes de la elaboración de los muchos reglamentos que se redactaron para la composición y venta de terrenos en Filipinas, en algunos de cuyos preámbulos se ofrece información interesante al justificar la necesidad de derogar el que estaba vigente hasta aquel momento.