Historia Institucional / Reseña Biográfica:
Comisión de Policía, antecedente de la Comisión de Causas de Estado.
Por Real Decreto de S.M. comunicado el 16 de mayo de 1814 el Excmo. Sr. don Pedro Macanaz, secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia nombró a Don Ignacio Martínez de Villela (del Real y Supremo de Castilla, Gobernador de la Sala y) Juez de Policía de Madrid junto con D. Jaime Álvarez Mendieta, Don Antonio Alcalá Galiano y Don Francisco de Leyba para la Comisión de Policía para inquirir, justificar y castigar a los autores y cómplices de los procedimientos de las Cortes contra la soberanía del Rey, mediante la redacción de los sucesos más notables de las Cortes ordinarias y extraordinarias, señalando a los diputados que en unas o en otras se distinguieron por sus opiniones renovadoras, según resultaba del Diario de Sesiones, de las Actas y de los informes y justificaciones, así como de los interrogatorios de los reos y testimonios de testigos.
Cuarenta días después de recibir la Real Orden autorizando la formación de causas, la Comisión de Policía con "el más amargo pesar"; reconoce que no puede en cuatro días remitir conclusas y sentenciadas las causas como se les pedía por Real Orden. El lamento justificado de la Comisión de Policía que veía su encargo como "delicado, arduo, difícil y odioso"; que les había de causar "muchas penas y disgustos" no se esperaban perder la confianza de S.M. a pesar del trabajo realizado en tan corto plazo de tiempo. Aducían el valor de su trabajo, que sin que se les diesen documentos, ni noticias que pudieran servir de base para la instrucción de las Sumarias, debían hacerlo según las órdenes con la más estricta observancia de las leyes para que ningún defecto provoque la nulidad de las causas.
Exponen que tuvieron que recibir informaciones, reconocer papeles y examinar más de veintiún tomos de los Diarios de las Cortes y sus actas secretas, reconocer periódicos, practicar diligencias fuera de la Corte y pueblos diversos y distantes, recibir legalmente las declaraciones y evacuar el elevado número de informes que se les piden.
Reconocen en 1 de julio de 1814, que no pueden acabar lo que se les pide en el plazo ordenado y solo les queda solicitar que "S.M. nombre otros Ministros que puedan satisfacer con más prontitud sus deseos, encargándose de estas causas".
La Comisión remitió en julio de 1814, sus actuaciones con Relación de los 28 cargos generales y expresión de los cargos que se imputaban a cada diputado y a otras personas.
Comisión de Causas de Estado
Se crea por Real Orden de 14 de Septiembre de 1814, siendo nombrado su presidente el Excmo.Sr.Dn. José de Arteaga (Capitán General de Castilla La Nueva) y sus miembros eran el Conde de Pinar, Don Andrés Lasauca (del Consejo de Castilla), Don Joaquín de Mosquera (del Consejo de Indias) y Don Antonio Alcalá Galiano (del Consejo de Hacienda). El escribano era D. Juan Garrido y relatores Rovira y Belloc. El fiscal Mateo Zendoquiz (de la Sala de Alcaldes) Su misión era sustanciar y determinar todas las Causas de Estado, en otros términos hallar culpables de lesa majestad a cierto número de ex diputados y ex regentes . Sin embargo el que los miembros vieran dificultades jurídicas en el procedimiento, retrasaban la urgencia del Rey y entraba en contradicción con el deseo también del Rey de observar todas las garantías legales, hizo que las causas no avanzaran ni en el plazo ni en la dirección deseada. Algunos de los procesados recusaron al Conde de Pinar, Lasauca y Mosquera que al parecer aprovecharon la ocasión para dimitir. El fiscal fue ascendido y abandonó la Comisión. Sus bajas fueron cubiertas por tres Alcaldes de Corte, a saber Álvarez de Contreras, Torres Cónsul y Fernández de Quesada que más tarde serían Consejeros.
De todas maneras crear Comisiones especiales o Juntas extraordinarias para actuar según procedimientos ordinarios no dieron los resultados políticos deseados e hizo que se pueda decir que esta Comisión fracasó en sus objetivos iniciales. Esto provocó que en 15 de diciembre de 1815, el Rey usando su poder absoluto condenara a 51 de los encausados a penas de prisión o destierro. A continuación, el 26 de enero de 1816 suprime la Comisión y pasa a los Tribunales ordinarios las causas pendientes o las que se pudieran formar.
En el Consejo de Castilla, fuera por lo tanto de la Comisión, se veían temas relacionadas como causas de infidencia a personas que no habían sido diputados, o examen de las Juntas Provinciales para castigar o premiar o de concesión de amnistía política, etc.
