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Expediente formado en virtud de una real orden comunicada por Tomás Moyano, secretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia, al duque del Infantado, presidente del Consejo de Castilla, y trasladada por éste al gobernador de la Sala de Alcaldes. Fita, cuyo nombramiento como teniente gobernador y asesor letrado del Gobierno de la provincia de Santa Marta en Nueva Granada quedó finalmente desestimado, se encontraba en Madrid con el fin de recurrir tal resolución, razón por la cual se decidió su arresto y posterior expulsión de la capital y Sitios Reales con destino a Valencia.