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Ordena que, en caso que muriese don Antonio de Castro y del Castillo, inquisidor del Tribunal del Santo Oficio de la ciudad de Los Reyes provisto como obispo de la iglesia catedral de aquélla, sin pagar a Juan de Ybarra, agente de negocios en su corte, lo que hubiese gastado en la expedición de los despachos y bulas de ese obispado, se lo paguen de las rentas, que del mismo tocaran al dicho obispo desde el día del fíat de Su Santidad, y de la tercia parte de su última vacante.