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Son expedientes incoados a instancia de parte, por denuncia de un particular contra otro, en reclamación de restitución de la propiedad de bienes confiscados por el gobierno de José I, o de cualquier derecho sobre los mismos, o de satisfacción de indemnizaciones por los daños originados por dichas confiscaciones. La mayor parte de estos expedientes llegaron a la Junta Supremo de Reintegros desde los juzgados ordinarios.