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Se trata de un decreto con las designaciones firmado en Sevilla por el arzobispo de Laodicea, presidente de la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, comunicado mediante oficio al secretario del Consejo Supremo de España e Indias, Esteban Varea. Se trata en concreto de la provisión de los corregimientos de Albarracín, Requena, Jaén, Écija, Córdoba, Baeza, Canarias y Vélez-Málaga, los cuales recayeron respectivamente en Joaquín López Oliva, Pablo Jover y Placies (con honores al mismo tiempo de alcalde del crimen de la Audiencia de Galicia), Juan Antonio Aldama, Agustín Guajardo y Fajardo, Manuel Becerril, Juan María de la Torre, Álvaro Pareja y Padilla y José Márquez de Aguilar, y de las alcaldías mayores de Sanlúcar de Barrameda (Domingo Francisco Fernández), Marbella (Ventura Martínez Carvallar), Valencia (Armengol Dalmau), Córdoba (Gabriel Amando Salido en comisión), La Laguna (José Antonio Morales), Palma (Francisco Fernández Bredero) y Ciudad Rodrigo (Manuel de León Huertas). Incluye una nota marginal de la Comisión de Consultas relativa a la expedición de los títulos correspondientes.