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Durante el Antiguo Régimen la provisión de oficios y cargos de los municipios y otros organismos territoriales formaba parte del amplio ámbito de la gracia real. Por ello, la Cámara de Castilla era la institución encargada de proveer estos cargos y extender los títulos correspondientes. Al instaurarse el régimen constitucional en 1812, el Consejo de Estado se hizo cargo de esta competencia, como heredero de alguna de las funciones de la suprimida Cámara. Y entre ellas asumió esta competencia, pero con trasformaciones sustanciales. De hecho, los empleos debían ser provistos por el Gobierno y las Cortes, de manera que el Consejo de Estado se limitaría a expedir los títulos correspondientes a los nombramientos.
Esta serie está formada, precisamente, por los expedientes tramitados para la expedición de dichos títulos. El expediente comienza siempre con una orden de la Secretaría de Gracia y Justicia por la que comunica al Consejo de Estado el nombramiento otorgado por la Regencia (en realidad, lo hacía el propio Ministerio a nombre de la Regencia) o por las Cortes Generales, para que el Consejo procediese a expedir el título del nombramiento. En todo caso, la propuesta de nombramiento podía ser sometida a consulta del Consejo, pero a voluntad del Ejecutivo o del Legislativo.