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El Consejo de Estado tenía atribuida por el artículo 237 de la Constitución de Cádiz y por el artículo IV del capítulo II de su Reglamento, la formación y presentación al rey de las ternas de candidatos para la provisión de las plazas de magistrados y oficiales de las audiencias territoriales y los tribunales superiores. Esta serie está formada por las solicitudes que los interesados presentaban al Consejo de Estado (bien directamente o, con frecuencia, remitidas en primer lugar al rey o al secretario de Estado de Gracia y Justicia) en demanda de una de estas plazas y que eran archivadas aparte de los expedientes para la provisión de las plazas. Además, en los propios expedientes de provisión de las plazas pueden encontrarse muchas solicitudes, ya que no todas se archivaban en serie separada.