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Una de las funciones que el Consejo de Estado heredó de la Cámara de Castilla era la expedición de títulos correspondientes a los nombramientos de los magistrados y otros oficiales de las audiencias territoriales y los tribunales superiores. Por la expedición del título los interesados debían pagar una serie de derechos, pago que debía realizarse en la Tesorería General antes de la expedición. Esta serie está formada por las certificaciones del pago remitidas por dicha Tesorería General del Reino al Consejo de Estado para que pudiese proceder a la expedición del título solicitado.