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Los conflictos surgidos entre libreros, impresores y autores y el control de las infracciones en materia de impresiones correspondieron desde el siglo XVII al Juzgado o Comisión de Imprentas, a cuyo frente estaba un ministro del Consejo de Castilla. La independencia de esta oficina respecto del alto tribunal se mantuvo sin fisuras hasta las reformas de mediados del siglo XVIII. En el territorio, durante las épocas de mayor fuerza del Consejo, se encargó de estos asuntos la justicia ordinaria, es decir, las Audiencias y los corregidores, mientras que en aquellos periodos en los que el Juzgado de Imprentas actuó más libremente, existieron unos subdelegados de Imprentas en las provincias.
Entre 1805 y 1808, existió un juez privativo para estos asuntos con inhibición del Consejo de Castilla, y desde 1812, los pleitos sobre derechos de impresión y delitos de imprenta fueron asumidos por los tribunales ordinarios en los periodos en los estuvo vigente el régimen liberal, tal y como sucedería de forma definitiva en 1834, tras la supresión del Consejo y del Juzgado de Imprentas.