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El Cardenal se dirige, en su propio nombre y en el de los representantes de la comisión de metropolitanos, al Presidente del Gobierno de la II República española. Le expone su malestar y las funestas consecuencias que tendrá para el nuevo régimen, la no inclusión, en el anteproyecto de la nueva constitución, del procedimiento concordatario para el régimen de relaciones entre la Iglesia y el Estado. Igualmente rechazan la prohibición constitucional de subvencionar a la iglesia, así como la indefensión en la que quedarán las órdenes religiosas. De manera especial, incide en el tema de la disolución de la Compañía de Jesús, y expresa su temor a que se anule la formula de libertad de enseñanza, tema que al igual que los anteriores habían sido acordados en varias reuniones privadas. Le recuerda la lealtad mostrada por parte de la Iglesia, hacia el gobierno de la República y expresa su deseos de llegar a una fórmula conciliatoria.