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Las funciones de registro y control de los asuntos judiciales o administrativos es una de las funciones básicas que competen a la Audiencia Territorial de Valladolid, de forma similar a como se venía llevando a cabo en la Real Chancillería de Valladolid. De todos modos el nuevo régimen constitucional implicó una actualización de la normativa al respecto, que empezó con las Ordenanzas del 20 de diciembre de 1835 reguladoras de las audiencias, segunda del Real Decreto de 28 de octubre de 1853 e incluso la Ley de 15 de septiembre de 1870 de Organización del Poder Judicial. En todo este paquete jurídico elaborado en el siglo XIX se hace mención de la necesidad de llevar ciertos registros de asuntos, aunque no se llega a dar detalles sobre la forma de organizar dicha actividad. El primer intento por normalizar con mayor profundidad la llevanza de registros se produce con el Decreto del 8 de abril de 1933, en el que se establecen qué libros de control y registro deberán llevarse como mínimo, qué datos han de contener y quién ha de ser el responsable de su custodia.

La siguiente actualización se producirá con el Decreto 1019/1968, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia. En los artículos 81 y 82 de dicho reglamento se identifican de nuevo los libros y registros que deben mantener los secretarios de gobierno y de sala de la Audiencias Territoriales como la de Valladolid.

El próximo salto normativo se producirá con la llegada de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la que, además de plantear la supresión de la Audiencias Territoriales en favor de los Tribunales Superiores de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, se reduce la función registral de los tribunales aunque manteniendo ciertas tareas de control y conservación de libros sobre los secretarios judiciales.

Toda esta actividad de control queda testimoniada en aproximadamente 700 libros y cuadernos, cosidos o no encuadernados, repartidos en diversas agrupaciones según el procedimiento a registrar (control de entradas y salidas de documentación, control disciplinario, registro de sentencias, matrículas de asuntos, etc.).