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El registro de sentencias vistas en la Audiencia Territorial de Valladolid fue una de las actividades de control judicial básicas definidas casi desde el primer momento. Es más, esta función queda plasmada en el artículo 58 de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 1855, donde se establece la necesidad de extender una copia literal de las sentencias dictadas en un registro que quedará inicialmente bajo control del presidente de la Audiencia.

Con la promulgación del Real Decreto de 6 de marzo de 1857, sobre los libros de sentencias y votos particulares reservados, se produce una modificación por la que el registro de sentencias pasará a hacerse por salas de justicia en libros encuadernados (Artículo 1). La obligación de registrar las sentencias en libros encuadernados se flexibilizará con el Real Decreto de 11 de enero de 1861, por el cual se autoriza registrar las sentencias en hojas sueltas o pliegos, siempre que lleven una numeración correlativa y se encuadernarán al final del año.

Con la creación de las Audiencias Provinciales en la década de los años 80 del siglo XIX, el registro de sentencias penales pasa a ser gestionado por estos nuevos tribunales, quedando fuera de la Audiencia Territorial, salvo en contadas ocasiones.

La obligación de mantener una copia literal de las sentencias se aligerará a partir de la Real Orden del 19 de abril de 1917 por la que se suprimen las copias literales de las sentencias en la Secretaría de Gobierno y se autoriza a llevar un registro abreviado de las mismas.

El siguiente gran paso de la mano del Decreto de 8 de abril de 1933, donde se modifica y homogeneiza la forma de llevar y custodiar los libros en las Audiencias. En este sentido, los libros de sentencias pasan a ser responsabilidad de los secretarios de sala, quienes mantendrán los libros de registro de sentencias del tribunal de Derecho, es decir, sentencias dictadas por magistrados.

Desde entonces, el siguiente cambio vendrá en la década de los años 50 cuando la Audiencia Territorial de Valladolid asume la jurisdicción contencioso-administrativa tras la desaparición de los tribunales provinciales contencioso-administrativos existentes hasta el año 1956. En ese momento, además de recibir los libros de sentencias y autos contenciosos que mantenían los secretarios del tribunal de Valladolid, se pasa a mantener un libro registro específicamente reservado para este tipo de sentencias y autos.

Como muestra de toda esta actividad, el Archivo conserva algo más de 290 libros y cuadernos con sentencias, en su mayor parte de causas civiles, aunque destacando también la presencia de numerosos libros de jurisdicción contencioso-administrativa, sobre todo desde el año 1856 hasta 1978. Los libros se organizan de distinta manera a lo largo del tiempo, en función de cómo y quién debían elaborarlos según la normativa de cada etapa. Aun así, cabe indicar que, en el ámbito de lo penal, tan sólo se conserva algún libro registro de asuntos penales vistos por la Audiencia Territorial antes de la constitución de la Audiencia Provincial.