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La anotación de ejecutorias de causas penales expedidas, entendiendo estas como los documentos que consignan aquellas sentencias firmes sobre las que ya no cabe recurso ordinario, fue una actividad más dentro de las funciones de control desempeñadas por la Audiencia Provincial de Valladolid.

En este sentido, aunque se venía haciendo de forma no reglada por parte de los secretarios de sala, no será hasta la promulgación del Decreto de 8 de abril de 1933 cuando, en virtud de los artículos 2 y 11 se establece la necesidad de que los secretarios de sala lleven un registro de las ejecutorias expedidas. En este sentido, antes de 1933, es posible encontrar numerosos cuadernillos donde los secretarios de sala iban anotando las ejecutorias expedidas y una vez promulgado el citado Decreto de 1933, se configurará un libro de registro específico para cada secretario de sala de la Audiencia Provincial.