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Las personas que habían sido condenadas podían solicitar el indulto total o parcial de la pena, así como la cancelación de los antecedentes penales que le había sido registrados.

Dichas peticiones eran tramitadas mediante expedientes gestionados por los secretarios de sala, los cuales iban anotando la información específica de cada expediente en libros o cuadernillos de control, inicialmente específicos para cada secretario de sala, aunque a partir de una resolución del Ministerio de Justicia de 18 de enero de 1971, se ordena la unificación del control en un único libro de registro.