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Además de las funciones propias relacionadas con la administración de justicia en el orden de responsabilidades política, las instituciones competentes en esta jurisdicción mantenían como actividad básica la recepción y el envío de documentos relacionados con sus funciones.

La mayor parte de la documentación que se recibía o envíaba pasaba a quedar adscrita a un determinado procedimiento específico y se archivaba junto con la documentación de dicho procedimiento en un único expediente, pero algunos de los documentos que se recibían no tenían vinculación clara y directa con un procedimiento concreto dentro de esas instituciones por lo que pasaban a incluirse dentro de lo que en algunas diligencias se ha denominado "expediente de asuntos generales".

En este sentido, dentro de la documentación sobre responsabilidades políticas conservada en el Archivo, se ha identificado una serie documental que engloba todos aquellos expedientes de recepción de documentos y traslado a otra administración, oficios sueltos y comunicaciones generales que llegaban al Tribunal Regional, a la Sala Especial de la Audiencia Territorial o posteriormente a la Audiencia Provincial, y sobre las que la única actuación de dichos organismos consistía en despachar el oportuno acuse de recibo y en todo caso, un nuevo oficio dando respuesta o trasladando a otra entidad la información recibida.