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La dictadura franquista decidió suprimir el Tribunal especial para la represión de la Masonería y Comunismo en el contexto de la creación del Tribunal de Orden Público (Ley 154/1963), traspasando a este la jurisdicción de estos delitos. En febrero de 1964, se creaba la Comisión Liquidadora del tribunal mediante el Decreto 248/1963 para finiquitar los bienes y reasignar el personal del Tribunal. El 21 de enero de 1971 se suprimía la Comisión liquidadora (Decreto 126/1971) y en el artículo 3 se disponía que el archivo del Tribunal y de la Comisión se entregasen a los Servicios Documentales de Presidencia del Gobierno.
La documentación de la Comisión Liquidadora resulta muy interesante para contrastar la política cultural de los 25 años de paz del régimen dictatorial con el rechazo a las cancelaciones de antecedentes penales de exiliados o ex convictos o las solicitudes de informes que pedían los distintos organismos del Estado sobre condenados por el Tribunal.