Al carecer el ayuntamiento de Santiago de Azua de fondos para la manutención de sus presos pobres alojados en la cárcel de Santo Domingo, el superintendente ordenó el pago de los mismos por la Hacienda. Se aprueba esta actuación y se dispone que Hacienda lleve exacta cuenta de estos gastos para pedir en su día el reintegro de los mismos.
Archivo Histórico Nacional, ULTRAMAR,3537,Exp.12
