La Junta General del Principado es el órgano de representación territorial que caracteriza la historia insitucional de nuestra región en la Edad Moderna hasta el final del Antiguo Régimen. De naturaleza deliberante y de intermediación entre Asturias y la Corona, se forma sobre el sustrato de hermandades concejiles, entre 1277 y 1309, y evoluciona hacia un esquema parlamentario consolidado tras la creación del Principado en 1388. El sistema de reuniones no toma, sin embargo, carácter formal hasta bien entrado el siglo XV, durante el reinado de Enrique IV. Son las Juntas Generales de Avilés (1444) y Oviedo (1445) las que inauguran un nuevo estilo y sistema de gobierno que los monarcas sancionan con el envío de corregidores para la ciudad de Oviedo y resto del Principado. La Junta surge de un movimiento confederal municipal y recibe la sanción del monarca al encauzar el impulso a su favor fortaleciendo, a la vez, el mayorazgo y realengo del heredero de la Corona.

De sus más de cuatro siglos de historia sólo se pueden seguir con documentos las incidencias para el periodo 1594 a 1834, fecha en que se decretó su disolución. Podemos distinguir diversas etapas en el devenir histórico institucional. La primera cubriría desde los orígenes del Principado, en 1388, hasta la promulgación de las Ordenanzas de Hernando de Vega en 1494 y estaría marcada por reuniones irregulares y luchas entre la Corona y los Quiñones. Una segunda etapa transcurre entre el corregimiento de Vega y las Ordenanzas de Duarte de Acuña en 1594, en la que se regulariza el sistema de juntas y se revalida el papel de los antiguos linajes. La documentación que se conserva permite seguir al día las juntas para la tercera etapa, entre 1594 y 1718, periodo de gran actividad que se cierra con la creación de la Audiencia. Tras la crisis institucional y política abierta en 1808 con la invasión francesa se abre un periodo especial que cubre los años de guerra (1808-1813) y los de la restauración del absolutismo con Fernando VII. La Junta se extingue en 1834, tras más de quince años sin reunirse.

El marco de las competencias de la Junta era tan amplio como lo permitían unas Ordenanzas que nunca se avinieron a precisarlas, se discutían y negociaban condiciones fiscales (encabezados de rentas) y se fijaba el reparto de tributos y derramas a los concejos, se negociaban los servicios de armas y soldados pedidos por la Corona y se cuidaba del abastecimiento de la región en épocas de penuria o escasez. También se atendía a la construcción y gestión de obras en caminos, muelles y puentes y se trataban temas de variado interés regional. Gran parte de la gestión descansaba en manos de los diputados y del procurador general, elegidos por los procuradores, para que representasen a la Junta en los periodos que mediaban entre sesiones. Desde la Diputación General se gobernaba, en la práctica, bajo la mirada atenta del Corregidor primero y del Regente de la Audiencia después, que era quien les convocaba a reunirse en su propia residencia, muy próxima al Consistorio ovetense. Esta pequeña junta, de seis o siete personas, se convirtió, de hecho, en el consejo de gobierno del Principado, siendo la Junta General el organo deliberante.La Autonomía asturiana, dentro de la nueva configuración del Estado español que instauró la Constitución de 1978, rescató la denominación histórica de Junta General del Principado para designar al parlamento autonómico.