La aspiración del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 de derrocar al gobierno del Frente Popular y, a su vez, la imposibilidad de este de reducir la sedición en todo el territorio nacional implicó que los militares sublevados creasen la Junta de Defensa Nacional, el 24 de julio de 1936, para poder ejercer la soberanía sobre el territorio que habían podido controlar. Esta Junta se arrogaba todos los poderes del Estado, entre los cuales se encontraba lógicamente el poder legislativo. Todos los poderes del Estado fueron transferidos posteriormente al general Franco, nombrado Jefe del Gobierno del Estado Español. A diferencia de la Segunda República donde se mantuvo el orden constitucional y el poder legislativo siguió residiendio en las Cortes, en la zona rebelde no se constituyó ninguna institución que asumiese las funciones intrínsecas a un poder legislativo autónomo, ni durante el conflicto ni en la larga dictadura posterior.

Dentro del lento proceso institucionalizador del Estado franquista, en los años posteriores al fin de la guerra civil, se articularon mecanismos que permitieron extender el poder supremo del Jefe del Estado más allá de su autoridad directa. Una de estas instituciones fueron las Cortes que era un órgano de representación política, que ni tenía capacidad de legislar con exclusividad, ni controlaba la acción del gobierno, alejándose, pese a su nombre, de las funciones clásicas de la asamblea parlamentaria del constitucionalismo español. Las Cortes de la dictadura, denominadas Cortes Españolas, fueron una cámara de apoyo político para la resolución de ciertas cuestiones de relevancia política que el Jefe del Estado decidía someter a conocimiento de la cámara. Así el 17 de julio de 1942, Franco creaba mediante ley las Cortes españolas como órgano de colaboración de la Administración Central del Estado, creada en enero de 1938.

Las Cortes estaban compuesta por procuradores natos y electivos entre los ministros del Gobierno, los consejeros nacionales de FET y de las JONS, los presidentes del Consejo de Estado, Tribunal Supremo, Consejo Supremo de Justicia Militar, Movimiento Nacional, representantes de los sindicatos nacionales, los alcaldes de las capitales de provincia y un representante del resto de los municipios de cada provincia designado por la Diputación, los rectores de las Universidades, el Presidente del Instituto de España, los presidentes de las Reales Academias y el Canciller de la Hispanidad, y el presidente del Instituto de los Ingenieros civiles. Por último, dos representantes del Colegio de Abogados, y uno por cada de Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios, todos ellos designados por los respectivos decanos y presidentes de cada colegio. A este cuerpo de representación de la Nación, el jefe del Estado se reservaba la designación de aquellas personas que considerase oportunas por pertenecer la jerarquía eclesiástica, militar, administrativa, social o de otra índole que él considerase.

La subordinación de las Cortes Españolas se manifiesta en el hecho de que su primer Reglamento se promulgó con anterioridad, el 5 de enero de 1943, a la apertura de solemne el 17 de marzo de ese mismo año. En cualquier caso, los sucesivos reglamentos de 1946, 1957, 1967 y 1971 negaron los principios del parlamentarismo, pese a que los dos últimos dieron cabida a los dos representantes de cada provincia elegidos mediante sufragio directo, como representación del tercio familiar.

Tras la muerte del dictador, y en el contexto de la evolución del régimen dictatorial hacia la democracia, las Cortes Españolas aprobaron la Ley de la Reforma Política en sesión plenaria de 18 de noviembre de 1976, que posteriormente ratificada en referéndum. En ella, las Cortes Españolas dejaban de existir como tales para transformase en dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. El primero elegido por sufragio universal directo entre los españoles mayores de 18 años; y el segundo, también elegidos de igual manera, en representación de entidades territoriales, más un quinto de sus miembros por designación directa del Rey. Por último, se le confería a las nuevas Cortes la exclusividad de elaborar y aprobar las leyes; establecer sus propios reglamentos y elegir a sus presidentes respectivos. La disposición transitoria de la Ley de la Reforma Política ordenaba la celebración de elecciones para la constitución del Congreso y del Senado. Las Cortes Españolas con las funciones, estructura y composición que había determinado del dictador dejaban de existir.