El origen de esta institución lo encontramos ligado a las derrotas militares producidas en África en 1921, lo que motivó que en el pleno del Congreso de los Diputados celebrado el 21 de julio de 1922 se acordase nombrar una Comisión compuesta de 21 personas, encargada del estudio de todos los documentos que componían la información gubernativa (conocida como Expediente Picasso) instruida por el general de división Juan Picasso, a quien se había encargado la investigación de los hechos acaecidos en la Comandancia General de Melilla durante el verano de 1921 y que desembocaron en los sucesos de Annual.

Sin embargo, los trabajos llevados a cabo por dicha Comisión quedaron sin efecto al caducar la legislatura. En la siguiente, la de 1923, se creó otra de vida breve, pues desapareció tras el golpe de estado de Primo de Rivera el 13 de septiembre de ese mismo año. Acabada la Dictadura y tras la proclamación de la II República, las Cortes Constituyentes nombraron una nueva Comisión de Responsabilidades. Esta vez se estableció un marco legal y sus funciones quedaron reguladas en la Ley de 27 de agosto de 1931 que le otorgaba la misión de instruir las diligencias oportunas para depurar las responsabilidades políticas o de gestión ministerial que hubieran causado grave daño material o moral a la Nación concretadas en 5 categorías:

1. Alta responsabilidad en Marruecos

2. Política Social de Cataluña

3. Golpe de Estado de 13 de septiembre de 1923

4. Gestión y responsabilidades políticas de las Dictaduras

5. Proceso de Jaca.

En torno a estos cinco apartados se configuraron subcomisiones encargadas de llevar a cabo las tareas parlamentarias encomendadas a dicha Comisión. Asimismo, la Constitución de 1931 en su disposición transitoria segunda disponía que la Ley de 26 de Agosto de 1931 en la que se determina la competencia de la Comisión de Responsabilidades, tendrá carácter constitucional transitorio hasta que concluya la misión que le fue encomendada.

Al terminar la Legislatura Constituyente sin haber concluido su cometido, el Congreso decidió en sesión plenaria de enero de 1934 el nombramiento de una nueva Comisión para continuar sus actividades. Sin embargo, unos meses más tarde, en virtud de la Ley de 10 de mayo de 1934, se acordó el traslado de todas las diligencias instruidas al Tribunal Supremo para que continuase la sustanciación de cada asunto y se determinó la disolución definitiva de la Comisión.

Para más información consultar el Archivo del Congreso de los Diputados y los Diarios de Sesiones Históricos.

-Archivo Congreso de los Diputados. Serie General, leg. 610, núm. 3: Proyecto de ley determinando las facultades y procedimientos a que ha de sujetarse en su actuación la comisión de Responsabilidades de 7 de agosto de 1931