Durante los primeros años de la dictadura franquista, con la entrada en vigor del Decreto de 22 de mayo de 1943 se constituye el Servicio de Libertad Vigilada, planteado como un mecanismo para controlar y vigilar a las personas represaliadas por sus actos durante la II República y la Guerra Civil pero que habían sido indultadas antes de cumplir íntegramente su condena.

Este Servicio configura un entramado burocrático a nivel central, provincial y local a través del cual se crea una nueva administración para el ámbito de la provincia de Valladolid, denominada Junta Provincial de Libertad Vigilada y responsable del control de este tipo de procesados. En 1946, se decide ampliar el ámbito de actuación no sólo a las personas procesadas por motivos políticos sino también a aquellas que habían sido condenadas por delitos comunes y pudieran verse beneficiadas de la situación de libertad condicional.

Poco a poco, el entramado burocrático fue simplificándose, hasta el punto de que la mayor parte de las funciones de las juntas provinciales pasarán a ser asumidas en octubre 1944 por un consejo ejecutivo permanente que reducía el número de personas implicadas así como la periodicidad de las reuniones. En este afán por agilizar la tramitación se llegará incluso a aprobar la supresión de las juntas provinciales como tal en 1954, pasando la de Valladolid a ejercer tan sólo como junta local en cabeza de partido judicial con funciones de seguimiento, puesto que las funciones de inspección serán trasladadas a la Audiencia Provincial de Valladolid y a los titulares de los juzgados de instrucción que se designen para ello.

Finalmente, la Junta de Libertad Vigilada de Valladolid, actuando desde el año 1954 tan sólo como junta local en cabeza de partido, terminará desapareciendo en el año 1968, con la aprobación del Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia, adoptado mediante Decreto 1530/1968, del 12 de junio, en el que la gestión de la libertad condicional pasa a ser asumida por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

La Junta de Libertad Vigilada de Valladolid estuvo compuesta entre los años 1943 y 1954 por las siguientes personas:

- Un presidente que debía ser un funcionario o un fiscal, designado por el ministro de Justicia.

- Un secretario, designado por el ministro de Justicia.

- El director del establecimiento penitenciario de la provincia de Valladolid.

- El comisario jefe del Cuerpo General de Policía.

- El jefe primero de la Guardia Civil en la provincia.

- El jefe de la Inspección Provincial de Trabajo en Valladolid.

- Un representante de la Diputación Provincial de Valladolid.

- Un representante de la Junta Provincial del Paro en Valladolid.

- El delegado provincial sindical en Valladolid.

Tras la modificación de la Junta de Valladolid para actuar tan sólo como junta local en cabeza de partido, desde el año 1954 hasta su desaparición en 1968 pasó a estar compuesta por las siguientes personas:

- Un presidente que debía ser un juez de la demarcación, designado por el ministro de Justicia.

- Un secretario que debía ser uno de los de los juzgados de primera instancia o instrucción, designado por el ministro de Justicia.

- Un representante del Ayuntamiento de Valladolid.

- El comandante del puesto de la Guardia Civil de la localidad.

- El jefe del establecimiento penitenciario de la localidad, o si hubiera varios, el de mayor categoría.

- El jefe local y de investigación de Falange.

- El jefe de la Oficina Local de Colocación.

De todos modos, para agilizar la tramitación de las funciones que este organismo debía desempeñar, se constituyó un consejo ejecutivo que estaba formado por el presidente de la junta, su secretario y uno de los vocales. Este consejo quedaría encargado de tramitar los asuntos cotidianos y adoptar acuerdos de forma más ágil, sin necesidad de plantear la intervención de tantas personas.