Por Real Decreto de 4 de enero de 1977 se crean tres Juzgados Centrales de Instrucción, dependientes de la Audiencia Nacional y con sede en Madrid. Tienen jurisdicción en todo el territorio nacional en el orden judicial penal. A los Juzgados Centrales de Instrucción corresponderá la instrucción de los procesos por delitos propios de su competencia y el conocimiento y fallo en primera instancia de las causas por los mismos delitos, cuando la pena que proceda imponer no sea superior al de arresto mayor, privación del permiso de conducir o multa sin limitación de cuantía. En las causas por delitos en que proceda imponer otras penas, su conocimiento y fallo corresponderá a la Audiencia Nacional.

La creación de la Audiencia Nacional y de los Juzgados Centrales de Instrucción responde a la nueva situación instaurada en España con la llegada del Estado de Derecho, que ha de velar por la seguridad jurídica de los ciudadanos. La sociedad contemporánea sufre la proliferación de nuevos modos de delincuencia de extensión e intensidad desconocidas antes: tráfico organizado de moneda, drogas y estupefacientes, fraudes alimenticios o de sustancias farmaceúticas, acciones terroristas, etc. De ahí la necesidad de crear órganos de la jurisdicción ordinaria que, con plenitud de garantías para el ciudadano y la sociedad, puedan dedicarse al conocimiento de este tipo de delitos.